Los labriegos que cerraron ayer la ruta X (Las Residentas) en Yasy Cañy, piden un subsidio de 3 millones de guaraníes por familia, que desaparezcan sus datos de Informconf y una política agrícola por parte del Gobierno. Este grupo de labriegos quemaron granos de chía en la ruta, durante el cierre.

Desde hace casi tres semanas los labriegos vienen cerrando la ruta III, en Santa Rosa del Aguaray, y otro grupo de campesinos lo hace en la ruta X de Yasy Cañy.

El Gobierno no otorgará subsidio alguno, recalcó Gattini. “Anteriormente se entregó en subsidio 60.000 millones de guaraníes cuando cerraban rutas. Ahora la política cambió”, aseguró el ministro de agricultura.

En cuanto a la condonación de deudas a los campesinos, Gattini señaló que se firmó un acuerdo con los campesinos de Santa Rosa del Aguaray (departamento de San Pedro).

“Vamos a hacer un censo porque la mayor parte de la producción de chía de este año, fue de empresas mecanizadas. Se firmó la compra de hasta 500.000 kilos de chía por parte de la empresa Bioexport”, explicó el ministro en Cardinal AM.

Muchos de los productores sostienen que fueron inducidos a producir chía, y hoy en día no pueden obtener réditos de sus producciones. En cuanto a ese reclamo, Gattini sostuvo que el Ministerio de Agricultura proveyó semillas a 2.000 productores en Alto Vera, San Pedro del Paraná y parte de San Pedro, en conjunto con la empresa Bioexport.

“Nosotros promovimos el cultivo de chía, pero con una empresa que fijó precios por medio de contratos. Lo que pasa es que muchos productores cultivaron por su lado, sin contrato, porque escucharon que otros lo hacían”, expresó.

Bioexport fijó el precio de la chía a 4.700 guaraníes el kilo. Con esto, el productor tiene ganancias, señaló Gattini. Muchos de los que plantaron la chía sin contrato previo con la empresa, o no venden, o lo hacen a 3.500 guaraníes el kilo. “La chía hace dos años llegó a venderse a 20.000 o 25.000 guaraníes el kilo”, explicó Gattini, lo que causó que muchos productores se volcaran a su producción, derivando en la sobre oferta actualmente.

“Si no tienen contrato, no se dediquen a producir chía”, sostuvo. “Tenemos muchos rubros alternativos, como el Ka’a He’ē, que pueden producir y las empresas están dispuestas a firmar contrato, el Ministerio también está dispuesto a subsidiar el 70 % en cuanto a infraestructura”, indicó.

Una multitud se congregó este domingo para despedir los restos mortales de Carmen Ruiz Díaz y su hijo Roque, de 5 años, quienes fallecieron semanas atrás en aguas del río Monday, en la ciudad de Presidente Franco.

La escribana y su hijo fueron velados en el Complejo Velatorio del Este, sitio desde donde partió la caravana para dirigirse primero hasta la vivienda familiar, ubicada en el Área 4 de Ciudad del Este, y luego hasta el puente Monday, último sitio donde fueron vistos con vida.

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Tras estas breves paradas, el cortejo fúnebre prosiguió su recorrido hasta llegar a la localidad de Mayor Otaño, en el departamento de Itapúa, zona de la que Ruiz Díaz era oriunda y donde ya la esperaban otros familiares y allegados.

Luego del responso en la iglesia local, los féretros de madre e hijo fueron trasladados hasta el cementerio de la ciudad, lugar elegido como su morada final.

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Esta triste despedida se produjo mientras continúa la intensa búsqueda de la pequeña Isabela, de 3 años, cuyo cuerpo sin vida sigue sin ser encontrado hasta el día de hoy.

Buzos de la Prefectura Naval y de Itaipú Binacional, junto con bomberos y algunos voluntarios particulares, se encuentran abocados a estas tareas tanto en el río Monday, donde se produjo la desaparición de la niña, como así también en el río Paraná.

Paraguay figura en los primeros lugares en el ranking latinoamericano en el que, entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer de próstata, se diagnostican en etapa metastásica, y los que la mitad de ellos fallecen en un lapso de primeros cinco años del diagnóstico.

El doctor Antonio Alcaraz, jefe del servicio de Urología del Hospital Clínica de Barcelona y especialista en uroncología, manifestó que la tendencia, muy similar en todos los países de la región, es consecuencia de la resistencia de muchos varones a concurrir a la revisión médica, que hace que cuando ya la enfermedad está avanzada, el Cáncer inició su fase destructiva y mortal.

“Mientras nosotros (en Europa) diagnosticamos solamente a un 5 o 10% de los enfermos en etapa metastásica, en Latinoamérica se viene diagnosticando entre el 30 al 50% del cáncer de próstata como metastásico y eso tiene una implicación muy directa en la mortalidad”, expresó el mismo, durante su intervención en foro científico que se realiza en México.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostiene en un informe que el de próstata es el tipo de cáncer diagnosticado más frecuente en la población masculina en el continente americano con el 21,7% de los casos, seguido del cáncer de pulmón, con el 9,5% de los casos y colorrectal, con un 8 por ciento.

“Es una cuestión de acceso a la sanidad, pues en poblaciones de nivel socioeconómico más bajo y en programas de salud pública gubernamental las pruebas de diagnóstico precoz se implementan muchísimo menos y eso crea una grave asimetría en el manejo de los pacientes”, agregó Alcaraz.

“Pero incluso, en los pacientes que no podemos curar, existen determinados tratamientos que nos permiten prolongar la vida y utilizados en fases más precoces la efectividad es muy alta”, acotó.

La intervención fue encabezada por funcionarios de la Ande, en compañía de efectivos de la Policía Nacional y agentes del Ministerio Público, en el establecimiento ubicado en la localidad de Sapucai, departamento de Paraguarí.

La propiedad pertenece al exdiputado colorado Miguel Cuevas, y fue arrendada a la señora Ramona Peralta, quien reside en Alto Paraná.

En propiedad de Miguel Cuevas intervienen una granja ilegal de criptomonedas

El informe preliminar de la intervención refiere que se logró la incautación de 354 máquinas de criptominería, con una inversión aproximada de US$ 1.5 millones.

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La denuncia fue realizada por el Departamento Jurídico de la Ande ante el Ministerio Público, por sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje, tras una medición de la línea de media tensión que ingresa a la propiedad.